Capítulo 2: Marcos jurídicos para sistemas de adjudicación de quejas electorales eficaces
decisiones y las pruebas de fundamento. Las decisiones de los organismos de adjudicación y su
fundamento para la toma de las mismas deberán estar explicadas, publicadas y disponibles en internet.
La educación cívica puede jugar un papel importante en la mejora del proceso de quejas y para alentar a
los ciudadanos, a la sociedad civil y a los participantes electorales a realizar un mejor trabajo para
enfocar sus quejas y en para formular sus declaraciones. El entendimiento de las normas y
procedimientos del público y la confianza pública en la imparcialidad y apertura del proceso de
adjudicación son fundamentales para asegurar una amplia aceptación de la legitimidad de los resultados
de las elecciones (para mayor información sobre el papel de la educación cívica en el proceso de
adjudicación de quejas, consulte el Capítulo 5: enfoques a una educación del electorado y el papel de la
sociedad civil).
Las penalizaciones y sanciones derivadas de la violación a las leyes electorales deberán ser razonables y
proporcionales a la gravedad del delito y a la culpabilidad del delincuente (error, negligencia, mala
conducta deliberada o reincidente). El castigo para delitos electorales equivalentes deberá ser
constante; las penalizaciones y sanciones no se pueden imponer de manera arbitraria o parcial. Como
se indicó con anterioridad, deberá haber diferencias entre los delitos graves que verdaderamente
merecen un tratamiento tal que el de violaciones delictivas y aquéllos que bien podrían ser considerados
(y resueltos) como administrativos.
Las sanciones políticas impuestas a los partidos políticos y a los candidatos podrían ser un método eficaz
de castigo para la disuasión de conductas indebidas flagrantes. Sin embargo, este tipo de sanciones
(tales como la suspensión de una campaña, la pérdida del registro de los candidatos, la descalificación
de las partes para contender en las elecciones o, de manera extrema, la disolución de partidos políticos)
por lo general son incoherentes al establecimiento político de las democracias emergentes. Las
sanciones políticas también implican un riesgo de aplicación arbitraria y manipulación política si las
autoridades o tribunales electorales estuvieran najo una influencia partidaria. Por consiguiente, no se
deberá abusar de las sanciones políticas. No se les deberá negar a los ciudadanos su libertad de
asociación en partidos políticos u otras organizaciones para el apoyo político. No se les impedirá elegir a
sus líderes políticos ni proponer candidatos para la elección que prefieran. Estas libertades sólo deberán
restringirse bajo circunstancias excepcionales que amenacen la integridad fundamental del proceso
electoral o la seguridad y orden públicos. No obstante, las sanciones políticas sirven como castigo
intermediario valioso entre las penas administrativas y la persecución penal.
Por lo general, las declaraciones de violaciones delictivas se les remiten a la policía local y a los
procuradores o a dichos funcionarios por parte de los organismos de administración electoral. Sin
embargo, es preferible que primero se haga un registro de dichas quejas a nivel de los organismos de
administración electoral para efectos de responsabilidad. Se le deberá informar al organismo de
administración electoral de mayor jerarquía sobre las declaraciones al respecto de faltas graves
cometidas por funcionarios electorales o sobre quejas que pudieran derivarse en la imposición de penas
o sanciones administrativas graves o sanciones políticas a los contendientes electorales (tales como
multas elevadas, la disolución de un partido político o la descalificación de candidatos).
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