Lineamientos para el entendimiento, adjudicación
y resolución de controversias durante elecciones
Mediante ese punto de vista, la integridad del proceso electoral es asunto de todos los ciudadanos; los
tribunales deberán reconocer una amplia definición de lesión que genere un derecho de interposición
para una amplia gama de partes interesadas. Al hacerlo, los individuos, partidos políticos y candidatos
tendrán la oportunidad de buscar la adjudicación de irregularidades electorales, aumentando las
probabilidades de que éstas resulten impugnadas.
Sin duda, muchos sistemas de quejas electorales no reconocer el derecho de interposición en la misma
medida que la Corte Suprema de Israel y algunos estados sólo permitirán que los candidatos o partidos
políticos presenten una queja para impugnar los resultados electorales. En los Estados Unidos, los
principios generales para la interposición requieren que la parte iniciadora haya sido lesionado de
manera genuina, de hecho, y que y que pueda ser vinculado de manera honesta con la ofensa declarada
y para que pueda ser restituida por el tribunal que conoce del asunto. Sin embargo, debido a que las
elecciones de los Estados Unidos están regidas según el estatuto estatal, cada estada define y limita de
manera específica el derecho de interposición a los electores o candidatos en los casos en los que se
pretende anular las elecciones debido a irregularidades en el cómputo de votos.47 Además, los
ciudadanos de una jurisdicción no pueden impugnar leyes electorales en otra jurisdicción.48 De manera
similar, debido a la falta de un estatuto de demandas de interés público, los ciudadanos podrían carecer
del derecho de interponer una impugnación en contra de disposiciones electorales, tal como los límites
ilícitos al voto, suponiendo que estas disposiciones afecten a los ciudadanos por igual y, por ende, no
dañen específicamente a algún otro elector.49
Los requisitos del derecho de interposición no han sido tan restrictivos al respecto de que las leyes de
financiamiento de campaña permiten el acceso a la información sobre el discurso político.50
2. Un régimen claramente definido para las normas y procedimientos electorales
Se deberán implementar medidas legislativas para definir un derecho jurídico para reparar e implantar
de manera adecuada elecciones periódicas, libres y justas.51 Estas medidas deberán estar escritas con
organización, además de los observadores electorales y de plebiscito, que tenga una queja o controversia relativa
al proceso electoral y de plebiscito tiene el derecho de interponer una queja. Quejas y controversias electorales
(disposición no. 2 de 2008), § 3(1) (Irak); refiérase también a la Comisión Superior Electoral (Ley no. 11 de 2007),
art. 4, § 8 (Irak).
47
Refiérase a, v.gr., Potts vsFitzgerald, 784 N.E.2d 420, 423 (Ill. Ap. Ct. 2003); Morse vs Dade Cnty. Junta de
interventoría, 456 So. 2d 1314, 1315 (Fla. Dist. Ct. Ap. 1984); Rogers vs Shanahan, 565 P.2d 1384, 1387 (Kan. 1976).
48
Antosh vs Fed. Comisión electoral, 664 F. Sup. 5, 8-‐9 (D.D.C. 1987).
49
49 Wesley vs. Collins, 791 F.2d 1255, 1257Ͷ58 (6to Cir. 1986).
50
Refiérase a, v.gr., Fed. Comisión electoral vs Akins, 524 U.S. 11, 18-‐26 (1998).
51
Violaine Autheman, La resolución de controversias relativas a los resultados electorales: Un vistazo a la práctica
electoral en varios países alrededor del mundo 6 (Serie de la IFES Conferencia sobre el Estado de Derecho, Ensayo
ƐŽďƌĞĞůdĂůůĞƌĚĞůdƌŝďƵŶĂůŽŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĚĞ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕ĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϬϰͿ;͞WĂƌĂƋƵĞůĂƐĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ
se resuelvan de manera eficaz, deberán implementarse las normas, disposiciones y procedimientos formales y
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