Lineamientos para el entendimiento, adjudicación
y resolución de controversias durante elecciones
Dicho de otra manera, la norma de duda razonable podría ser muy estricta como para ser aplicada a
asuntos electorales.
En algunos países, los únicos remedios que se conceden para violaciones a la ley electoral son sanciones
de tipo penal para los transgresores; hecho que acentúa el problema de los detalles técnicos versus la
justicia.184
En específico, la adjudicación justa de una queja electoral no deberá ponerse en peligro por el peso de
las formalidades:
͞ůĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĞĚĞďĞƌĄŶƵƐĂƌĐŽŵŽƐŝĞƌǀĂƐĚĞůĂũƵƐƚŝĐŝĂŵĄƐŶŽƉĂƌĂǀĞŶĐĞƌůĂ͘͟185
Por ejemplo, en Paquistán, la ley no distingue claramente entre las demandas administrativas y penales
dentro del rango de los delitos electorales. Los tribunales le dan seguimiento a los procedimientos de
tipo penal e imponen las normas de duda razonable como la carga de la prueba para la mayoría de los
asuntos electorales que resuelven. En un sistema en el que el enfoque de la persecución penal debido a
violaciones a la norma electoral es una pena por culpabilidad más que un remedio de una elección
fallida, cualquier acción interpuesta para impugnar el resultado de una elección, por sí misma, requiere
del establecimiento de un proceso independiente para resolver las quejas electorales.186
La tercera norma, de pruebas claras y convincentes, representa un punto medio entre las otras normas.
Ello quiere decir que el oferente de la prueba deberá demostrar que es sustancialmente más probable
que la demanda sea cierta que falsa.187 >Ž ƋƵĞ ͞ƐƵƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͟ ƋƵŝĞƌĞ ĚĞĐŝƌ Ŷo está muy bien
definido, mas se acepta a nivel universal que sea más riguroso que la preponderancia de la evidencia y
en menor medida que la prueba más allá de una duda razonable.
En la jurisprudencia estadounidense, la norma clara y convincente se origina de la norma de la evidencia
en los asuntos civiles que declaren un fraude o una conducta cuasi delictiva por parte del demandado y,
por consiguiente, se ha utilizado para los asuntos que involucren a los derechos humanos, así como
varios tipos de situaciones donde la pérdida provocaría que el demandado padeciera una lesión
irreparable de tipo no monetario.188
184
Consulte, v.gr., la Ley No. 73 de 1956 (Ley sobre el ejercicio de los derechos políticos), Al-‐JarIda Al Rasmiyya,
1956 arts. 39-‐51 (Egypt); consulte también el Decreto Legislativo del Presidente de la República Árabe de Egipto
No. 220 de 1994 (Para enmendar ciertas disposiciones de la Ley No. 73 de 1956 para regular el ejercicio de los
derechos políticos), Al-‐JarIda Al-‐Rasmiya, 27 de oct de 1994, vol. 37, No. 43 (Sup.), pp. 3-‐5 (Egipto).
185
H. Jueza Lady Constance K. Byamugisha, Jueza del Tribunal de Apelaciones de Uganda, Greenwatch,
Administación de justicia sin una consideración indebida de los detalles técnicos (2003), disponible en
http://greenwatch.or.ug/pdf/news/Administering_Justice_Without_Un_due_Regard_to_Technic.pdf.
186
Craig C. Dosanto et al., Persecución federal de los delitos electorales (7ma. ed. 2007).
187
Refiérase a, v.gr, Grogan vs Garner, 498 U.S. 279 (1991). La definición moderna de pruebas claras y
convincentes evolucionó en el sistema jurídico de los Estados Unidos, pero desde ese entonces también se adoptó
en los contextos internacionales.
188
Brandt Distrib. Co. vs Fed. Ins. Co., 247 F.3d 822 (8vo. Cir. 2001); Rodriguez vs Suzuki Motor Corp., 936 S.W.2d
104 (Mo. 1996).
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