287
El criterio de que la identidad sexo-genérica de las personas depende de la manifestación voluntaria de la persona se retoma en
los trámites que los códigos de la Ciudad de México[77], Michoacán[78] y Nayarit[79] establecen para el cambio de sexo en el acta de
nacimiento.
288
Lo mismo pasa, por ejemplo, con la Ley de Identidad de Género 26.743 de Argentina, promulgada en 2012. Su artículo 3 señala
que [t]oda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan
con su identidad de género autopercibida.
289
En igual sentido, el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en
igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana el Consejo
General del INE determinó que
“Corresponde a cualquier persona autorizada para estar presente en la casilla: […]
5. Abstenerse de aplicar procedimientos adicionales para confirmar la identidad de una persona. No se debe pedir
ninguna otra prueba que sustente la identidad o personalidad jurídica de la persona portadora de su credencial para votar.
6. Evitar cuestionar a la persona sobre su identidad y/o evitar realizar actos intimidatorios que invadan su privacidad y
signifiquen un trato desigual (miradas detenidas e incómodas, preguntas impertinentes sobre sus características físicas o
apariencia, gestos y comentarios denigrantes y estereotipados) o cualquier otra conducta que restrinja el derecho al libre
desarrollo de la personalidad.
290
Además, en numerosas sentencias de tribunales constitucionales de países como Alemania[80], India[81], Malasia[82] y Pakistán[83]
se ha señalado la necesidad no solo de reconocer que personas cuya orientación sexual, identidad de género o sexo no coincidan
con aquel que les fue asignado al momento de nacer, tienen no solo el derecho de elegir aquel con el cual se sientan plenamente
identificados, sino a que dicha circunstancia sea reconocida por el Estado y tutelada de forma tal que permita potenciar el ejercicio
de sus derechos humanos.
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