BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 13 de febrero de 2009
Sec. TC. Pág. 120
marquen las leyes; diferenciaciones que pueden fundarse en razón del sexo. En este
sentido las mujeres no constituyen una minoría o grupo social homogéneo para la defensa
de intereses parciales; las diferencias de sexo no suponen una ruptura de la categoría
general de ciudadano residente. Asimismo las disposiciones recurridas ni siquiera
introducen una diferenciación de trato legal por razón de sexo, sino la exigencia de
participación equilibrada y paritaria de hombres y mujeres, lo que, en cuanto pueda suponer
una acción positiva frente a una discriminación histórica, encontraría amparo en el art. 9.2 CE.
El escrito se centra a continuación en la exposición de las posiciones mantenidas en
el debate doctrinal en torno al principio de igualdad y la representación política a través de
los partidos, esto es, a la relación entre el art. 6 y el art. 22.1 CE. Alineándose los actores
con quienes defienden que las discriminaciones positivas en razón del sexo son
inconstitucionales (afirma el Gobierno Vasco) olvidan que las categorías de hombre y
mujer se comprenden, agotándolo, en el concepto de ciudadanos españoles residentes y,
además, que una y otra no conforman grupos sociales homogéneos para la defensa de
determinados intereses. El sexo es una característica inherente a todo individuo e
inmodificable en relación a su conjunto, que, dividiendo a la población en dos grupos
próximos al 50 por 100, tiene consecuencias sociales no deseadas. Por ello las denominadas
cuotas por sexo, en términos de equilibrio alternativo entre hombres y mujeres, no pueden
compararse a posibles cuotas basadas en características culturales, sociales o físicas de
una parte de la población que, en su caso, sí podrían vulnerar la indivisibilidad y unidad del
cuerpo electoral.
Los preceptos recurridos, en fin, no implican la creación de dos cuerpos de elegibles
ni dan lugar a una doble representación que divida al Parlamento autonómico y al pueblo
que representa. Y aún cabría añadir, alega el Gobierno Vasco, que en el fondo de la
denominada democracia paritaria está planteada la cuestión del contenido de la
representatividad de los elegidos, pues «el proceso electoral tiene por objeto expresar una
delegación de facultades políticas a favor de determinados ciudadanos que sea expresión
de la orientación ideológica del conjunto. Poco a poco la expresión del conjunto de la
sociedad exige el aumento progresivo de la representatividad referida al género como
factor necesario para conseguir la necesaria identificación mínima entre electores y
elegidos, para alcanzar la “sociedad democrática avanzada” a que se refiere el Preámbulo
de la Constitución».
Para el Gobierno Vasco, en definitiva, los elegidos representan a los ciudadanos en su
conjunto y no a los intereses de un grupo sexual determinado. Y el Ejecutivo autonómico
insiste en que, en todo caso, las disposiciones recurridas tienen por objeto las candidaturas,
que son «simples propuestas», en tanto que la representación, en sentido jurídico-político,
surge sólo con la elección y es siempre representación del cuerpo electoral y nunca del
autor de la propuesta (STC 10/1983). Por otro lado alega que no estamos ante medidas
que tiendan a la separación entre sexos, sino a la integración, objetivo para el que existen
varias vías, siendo una de ellas la de las cuotas impuestas en la legislación electoral.
Cuotas que, frente a lo afirmado en el recurso, no infringen el art. 6 CE.
A este respecto recuerda que ningún derecho es absoluto y que los límites al derecho
de asociación en partidos están enunciados en los arts. 6 y 22 CE, pudiendo el legislador
hacerlos operativos para conseguir una realización progresiva de los valores superiores
del ordenamiento constitucional, en este caso el valor de la igualdad entre hombres y
mujeres. La medida examinada es una limitación impuesta a los partidos y agrupaciones
electorales y a quien en concreto, como poder fáctico o estatutario, tenga la facultad de
elaborar las candidaturas electorales. Su fundamento no podría hallarse tanto en la
exigencia de que los partidos tengan una estructura y funcionamiento democráticos cuanto
en que sirve para promover una mayor participación ciudadana, en este caso de la mujer
a través de su presencia cuantitativamente relevante en los órganos de decisión política.
Para el Gobierno autonómico la legitimidad constitucional de esta limitación de la autonomía
de los partidos hay que vincularla al papel determinante que a éstos les cumple respecto
a la manifestación de voluntad de los electores. En tal línea se recuerda la doctrina
constitucional acerca de la naturaleza y función de los partidos políticos (SSTC 10/1983,
cve: BOE-A-2009-2502
Núm. 38