De esta manera, se elevan los estándares de la ética y responsabilidad pública, así como la generación de criterios de exigencia ciudadana hacia las personas que ocuparán cargos de elección popular, fortaleciendo con ello la consolidación de una cultura democrática y libre de todo tipo de violencia. Así, se considera que esta obligación que corresponde a los partidos políticos consistente en solicitar a las personas aspirantes a una candidatura que manifiesten no estar en alguna de las hipótesis referidas, por sí misma constituye una medida que promueve que quienes aspiren a acceder a una postulación de un partido político en una candidatura a un cargo de elección popular no incurran en conductas que social y culturalmente son connotativas de la perpetuación de actitudes de dominio y actos discriminatorios del hombre en contra de la mujer por razón de género. En ese sentido, se considera que a través del 3 de 3 contra la violencia se instrumenta una medida reglamentaria que posibilitará garantizar a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, que las personas que los partidos políticos postulan en las candidaturas, no detentan antecedentes que, por su naturaleza, son indicativos de que la persona aspirante a la titularidad de una candidatura a cargo de elección popular es proclive a ejercer conductas constitutivas de violencia en contra de la mujer por razón de género. Ejercer un cargo de elección popular reviste de gran importancia, por las facultades conferidas, decisiones que se pueden adoptar y el manejo de recursos públicos que están a su disposición; razón por la cual, desde los partidos políticos se debe garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar y permanecer en dichos cargos públicos, y verificar que no hayan incurrido en actos u omisiones que violenten o afecten de manera desproporcionada a las mujeres. Esta exigencia contenida en el artículo 32 de los presentes Lineamientos, retoma la propuesta formulada por la organización política “Las Constituyentes Feministas” la cual ha encabezado a nivel nacional una iniciativa denominada “el 3 de 3 de violencia de género”, propuesta que también es apoyada por legisladoras federales y locales de diversos partidos políticos para que se incluya en materia electoral, así como por diversas organizaciones y la ciudadanía en general. Ello, porque las personas que acceden a un cargo de elección popular y los servidores públicos deben respetar los derechos de las mujeres como un acto obligatorio y no voluntario. 24