VIOLACIÓN A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LO TIENEN QUIENES PERTENECEN AL GRUPO EN DESVENTAJA
A FAVOR DEL CUAL SE ESTABLECEN”.[7]
Efectivamente, en el caso, los actores cuentan con interés legítimo para acudir a los presentes juicios, con el propósito de
eliminar los obstáculos que, desde su perspectiva, impiden a los miembros de las comunidades indígenas, ser postulados
en los 28 Distritos electorales identificados por el Instituto Nacional Electoral como indígenas.
Luego, las acciones constitucionales ejercitadas por estos promoventes, deben ser examinadas desde la perspectiva del
interés para su procedibilidad, directamente vinculadas con la necesaria tutela sistemática y colectiva de ese grupo histórica
y estructuralmente discriminado, por lo que, en aplicación directa del principio pro persona, en su vertiente pro actione y a la
luz de lo establecido en los artículos 1°, 2° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 1°,
2°, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2°, 14, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, cualquiera de sus integrantes cuenta con interés legítimo para la protección de los derechos en juego.
El criterio anterior se encuentra reflejado en las jurisprudencias 7/2013, 4/2012 y 27/2011 de rubros siguientes:
“PUEBLOS INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO
ACCESO A LA JURISDICCIÓN ELECTORAL”; “COMUNIDADES INDÍGENAS. LA CONCIENCIA DE IDENTIDAD ES
SUFICIENTE PARA LEGITIMAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO” y “COMUNIDADES INDÍGENAS. EL ANÁLISIS DE LA LEGITIMACIÓN
ACTIVA EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO,
DEBE SER FLEXIBLE”
De igual modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido que los Estados signantes de la convención
o Pacto de San José, tienen obligación de garantizar que los miembros de las comunidades indígenas, participen en la
toma de decisiones sobre los asuntos y políticas que puedan incidir en sus derechos, de modo tal que las autoridades
nacionales, deben garantizar el acceso e integración de los ciudadanos pertenecientes a dichas comunidades a las
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