como parte de un pueblo originario, puedan acceder en igualdad de condiciones de los hombres y de quienes no tienen esa
última calidad, a los cargos de elección popular, lo que incluye, desde luego, la emisión de criterios o lineamientos que los
regulen
4. De conformidad con el artículo 2° constitucional y 2° del Convenio 169 de la OIT, el INE como órgano constitucional del
Estado mexicano, debe implementar las medidas necesarias, en el ámbito de sus facultades, dentro de las cuales se
encuentra la adopción de acciones afirmativas mediante la emisión del acuerdo controvertido, para garantizar el
reconocimiento pluricultural del mismo, facilitando con ello que los ciudadanos que pertenecen a los pueblos y comunidades
indígenas, sean tomados en cuenta y postulados como candidatos a diputados federales y senadores de la república, en
aquellos distritos determinados por el propio Instituto
5. En términos del Artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional de dos mil catorce, se estableció que sería el
legislador secundario el que, al expedir la Ley General Electoral, sentaría las bases y reglas para materializar el principio de
paridad de género en la postulación de candidatos a legisladores federales y locales, lo cual proyecta la existencia de una
cláusula habilitante de eficacia diferida a la legislación secundaria
6. Para materializar el mandato de la Constitución General, el Congreso de la Unión expidió la Ley General Electoral,
ordenamiento en el que se previó que las fórmulas para senadores y diputados, tanto en el caso de mayoría relativa, como
de representación proporcional, deberán ser integradas por personas del mismo género
7. Asimismo, el legislador determinó que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la
postulación de candidatos a los cargos de elección popular
8.
Como garante de que los institutos políticos cumplan con el citado principio, el legislador democrático facultó
expresamente al Consejo General del INE, para emitir los reglamentos y acuerdos que para la debida regulación de los
procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular y las precampañas, con lo cual, es inconcuso
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