que le fue conferida la atribución para emitir acuerdos generales a través de los cuales se normen a detalle y
pormenorizadamente, entre otras cuestiones, las reglas de paridad de género y las acciones afirmativas en materia
indígena, que deben seguir los partidos políticos al momento de conformar sus listas y fórmulas para la postulación de
candidatos
9. El INE y los Ople de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el
registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, en su calidad de garantes de la concretización de
dicho principio.
Las conclusiones jurídicas anteriores son reveladoras de que no asiste razón a los recurrentes cuando aducen que el
Consejo General del INE carece a facultades para expedir el acuerdo reclamado, cuenta habida que como ha quedado
patente del cúmulo de fundamentos jurídicos hasta aquí expuestos, dicho órgano tiene competencia constitucional,
convencional y legal para su emisión, en aras de maximizar y hacer efectivo el principio de paridad de género y la cuota
indígena en el proceso electoral federal 2017-2018.
Al respecto, es importante mencionar que si bien, los partidos políticos están facultados, a la par que, obligados por la Ley
General Electoral, para, por una parte, conformar sus listas y fórmulas de candidatos y, por otra, preservar la paridad de
género en las candidaturas, ello de ninguna manera puede entenderse como una situación arbitraria que escapa a la
revisión del Instituto Nacional Electoral y de los Ople de las entidades federativas.
Ciertamente, como ha sido puesto de relieve en este apartado de la sentencia, el legislador autorizó, expresamente, al
Consejo General del citado Instituto, a expedir los reglamentos o acuerdos necesarios para regular los procesos internos de
selección de candidatos a cargos de elección popular, ámbito al cual se debe adscribir el tema atinente al respeto al
principio de paridad de género y a las acciones afirmativas e materia indígena, pero no sólo eso, sino que se autorizó al INE
y a los Ople locales a rechazar los registros que violenten el principio invocado en primer término.
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