leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sin que tales referencias hagan posible una regulación
independiente y no subordinada al propio ordenamiento legal del que derivan, ya que esto supondría una degradación de la
reserva establecida por la Constitución.
Por tanto, la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, que los reglamentos
tienen como límite natural los alcances de las disposiciones a las que reglamentan; por ende, solamente pueden detallar las
hipótesis y supuestos normativos legales para su aplicación, sin incluir nuevos que sean contrarios a la sistemática jurídica,
ni crear limitantes distintas a las previstas expresamente en la ley.
De ahí que, si la ley debe determinar el qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta;
al reglamento compete, por consecuencia, el cómo de esos propios supuestos jurídicos; es decir, su desarrollo, en razón de
que éste únicamente desarrolla la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, en ese tenor, de ninguna manera
puede ir más allá de lo que ésta regula, ni extenderla a supuestos distintos, y menos aún contradecirla, sino que
exclusivamente debe concretarse a indicar la forma y medios para cumplirla.
Pues bien, en virtud de que el presente agravio involucra tanto al principio de paridad de género, como a la acción
afirmativa en materia indígena, temas respecto de los cuales se alega que el INE excedió su facultad reglamentaria, el
estudio de dicha figura respecto de cada uno de los principios antes mencionados de hará de forma individual.
A. Paridad de género.
Como se dejó de manifiesto en el núcleo de esta sentencia, por disposición del Artículo Segundo Transitorio de la reforma
constitucional ya aludida, se reenvió a la Ley General Electoral el establecimiento de las reglas para concretizar el principio
de paridad de género, mismo que se encuentra regulado, también como ya se mencionó, en los artículos 7°, 14 y 226 a 234
de ese cuerpo legal, de los cuales se pueden sustraer como reglas esenciales que deben seguir los partidos políticos al
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