Los disconformes consideran que con el establecimiento de los criterios contenidos en los puntos de acuerdo Décimo
Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo del acuerdo INE/CG508/2017, se vulneró el artículo 105 de la Norma Suprema, cuenta
habida que los mismos fueron emitidos sin respetar la regla de noventa días que garantiza el principio de certeza, en cuanto
a que previo al inicio del proceso los participantes deben conocer las reglas fundamentales del mismo, por lo que cualquier
modificación sustancial a las normas aplicables al proceso electoral, deben se efectuada, al menos, con una antelación del
plazo antes mencionado.
Al respecto, el artículo 105, fracción II, inciso i), tercer párrafo, de la Constitución Federal, establece:
“Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el
proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.”
En su concepto, dicha regla garantiza el principio de certeza, el cual busca asegurar que, al momento de iniciar el proceso
electoral, los participantes conozcan las reglas fundamentales que lo regirán, de manera que, si en el caso, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral está estableciendo nuevas reglas no contempladas en la legislación, es evidente
que la emisión del acuerdo es ilegal, por estar fuera del plazo de los noventa días anteriores al inicio del proceso electoral;
máxime que, con base en esas reglas planeó y elaboró su estrategia política para la selección de las y los candidatos que
postulará.
Decisión de la Sala Superior.
Esta Sala Superior estima infundados los agravios, porque con la emisión del acuerdo controvertido no se advierte una
vulneración a lo previsto en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en razón de que, los lineamientos controvertidos constituyen una instrumentación accesoria y temporal, que
únicamente modula el derecho y obligación constitucional que tienen los partidos políticos de presentar las candidaturas
respetando el principio de paridad de género y potencializa el principio de pluralismo cultural reconocido en la Constitución
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