Luego, a juicio de esta Sala Superior la implementación de las normas apuntadas son modificaciones accesorias que si bien
inciden en las reglas atinentes a los procesos de selección de candidatos y al procedimiento de su registro lo cierto es
que el establecimiento de dichas modalidades en modo alguno afectan el núcleo esencial del derecho de auto organización
de los partidos políticos, porque dichas modificaciones solamente tratan aspectos instrumentales para hacer efectivos el
principio de paridad de género y pluralismo cultural, en los procedimientos internos de selección de candidatos y como
consecuencia de ello, en el registro de candidaturas, de manera que las obligaciones que al respecto tienen los partidos
políticos se complementen con dichas reglas.
Bajo estas premisas, es dable concluir que las medidas implementadas únicamente potencializan su obligación
constitucional de presentar las candidaturas de manera paritaria de forma tal que verdaderamente, se garantice el acceso
real de mujeres y hombres a los órganos legislativos en condiciones de igualdad, así como de las comunidades indígenas.
Y son accesorias porque solamente establecen el cómo debe de cumplirse con lo previsto en la Constitución, los tratados
internacionales y las leyes generales al respecto, sin que ello implique modificar o eliminar sustancialmente el derecho y
obligación constitucional que tienen los partidos políticos para presentar las candidaturas de manera paritaria, e incluir, en
las mismas a candidatos que provengan de las comunidades indígenas.
Aunado a lo anterior, es evidente que el principio de certeza en modo alguno se ve afectado de manera fundamental con la
implementación de dichas medidas, porque si bien los partidos políticos nacionales ya habían definido sus métodos de
selección de candidaturas previo a la aprobación de los lineamientos impugnados, ello no es obstáculo para dar
cumplimiento a dichas reglas, dado que podían modificar el método de selección aprobado y tomar las medidas necesarias
para tales efectos, máxime que a la fecha en que se expidió el acuerdo, los partidos políticos no habían expedido las
convocatorias para los procesos de selección interno.
III. Vulneración al principio de autorregulación y autodeterminación de los partidos políticos.
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