en armonía con los principios de igualdad, paridad de género y pluralismo nacional y las reglas previstas para la
asignación de candidaturas.
De esta forma, el derecho a la igualdad involucra la necesaria implementación por parte de las autoridades legislativas o
administrativas en la materia electoral, de medidas especiales para eliminar los esquemas de desigualdad de las mujeres y
comunidades indígenas, en el entorno social, lo que lleva implícito la aceptación de las diferencias derivadas del género, el
reconocimiento de que la nación es pluricultural, y por tanto, la necesidad de adoptar las medidas que compensen la
desigualdad enfrentada por las mujeres y comunidades indígenas en el ejercicio de sus derechos a consecuencia de esas
desigualdades, a través de la implementación de modalidades en el ejercicio al derecho de auto organización y
determinación de los partidos políticos.
Por lo que, la paridad de género y el principio de pluriculturalismo nacional se erigen como principios constitucionales
transversales, tendentes a alcanzar la participación igualitaria de las mujeres y comunidades indígenas en la política y en
los cargos de elección popular que también deben ser observados por los partidos políticos, pero no solamente de forma,
sino materialmente.
Ahora bien, los criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral por sí mismos, no resultan violatorios del núcleo
fundamental del derecho de auto organización y autodeterminación que tienen los partidos políticos, porque el ajuste que se
pide a la solicitud del registro de candidaturas se realiza con la finalidad de hacer efectivos los principios de igualdad
sustantiva y paridad de género, y pluralismo nacional, lo que encuentra su justificación en la necesidad actual de impulsar la
participación del género femenino y de las comunidades indígenas, para derribar las barreras contextuales que
históricamente les han impedido acceder a los cargos de elección popular.
En este sentido, los lineamientos controvertidos constituyen sólo una modalización al principio de auto organización de los
partidos políticos, dado que, con su implementación, los institutos referidos solamente tenían que ajustar su convocatoria y
procedimientos internos de selección de candidatos, los cuales conforme a lo previsto en el acuerdo INE/CG386/2017
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