En este sentido, si el derecho a la igualdad sustantiva o de hecho radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, ello justifica exigir a los partidos políticos que diseñen los mecanismos internos para la selección de sus precandidatos y cargos de elección popular, a fin de alcanzar los objetivos perseguidos, ya que es una realidad que si bien, los partidos políticos han cumplido con la postulación de candidaturas de manera paritaria a partir de su exigencia constitucional, lo cierto es que ello, no se ha traducido en candidaturas efectivas para mujeres y comunidades indígenas. De manera que, si bien, los partidos postulan de manera paritaria a sus candidatos, los cierto es que ello no ha implicado la elección de más mujeres e indígenas y por tanto su inclusión final en el Congreso de la Unión, tal como lo demuestra el Instituto Nacional Electoral del análisis histórico que al respecto realiza, y que sirve como motivación del acuerdo controvertido, por lo que se requiere de las acciones afirmativas implementadas por el Instituto Nacional Electoral con la finalidad de favorecer la integración paritaria y de comunidades indígenas en los órganos de representación nacional, de manera que las candidaturas sean efectivas y no solamente el cumplimiento de meras formalidades. En este sentido, si bien los lineamientos controvertidos establecen una diferenciación entre los candidatos dependiendo de su género y auto adscripción indígenas, respecto de la determinación del lugar que ocuparán las mujeres en la lista de fórmulas de candidatos a la Senaduría por el principio de representación proporcional, así como en las atinentes a dos o tres de las cinco listas a candidatos a diputados federales por el mencionado principio, y las posiciones que deberán ocupar la primer y segunda fórmula que integra la lista de candidaturas a senadurías por el principio de mayoría relativa que se presente para cada entidad federativa, las cuales deberán ser encabezadas el 50% por mujeres y el 50% por hombres, así como las doce candidaturas que deberán encabezar las personas que se autoasdcriban como indígenas, las cuales también deberán ser paritarias entre las mujeres y hombres que pertenezcan a dichas comunidades. Lo cierto es que, dichas distinciones con base en tales criterios, están constitucionalmente exigidas, dado que su finalidad es proteger a personas o a grupos que cuentan con una historia de desventaja, por lo que, dichas medidas pueden Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents