De la misma forma, apoyó su determinación en las jurisprudencias 3/2015, 7/2015 y 11/2015 emitidas por esta Sala
Superior de rubros: “ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS, PARIDAD
DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL y ACCIONES AFIRMATIVAS
ELEMENTOS FUNDAMENTALES”
Ahora bien, para los motivos que expuso para justificar los criterios en materia de paridad de género son los siguientes:
“En ese sentido, las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para grupos desventajados, que tienen como
propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus
derechos y con ello garantizar un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que
disponen los sectores sociales.
(…)
Por lo anterior es válido sostener que todo acto que se adopte de manera temporal, razonable, proporcional y objetiva, a fin de
favorecer a las personas del género femenino, y que derive de una situación de desigualdad entre hombres y mujeres es acorde
con el principio pro persona previsto en el artículo 1 de la Constitución.
La incorporación del principio de paridad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 41, Base I,
ha propiciado el desarrollo de diversas disposiciones legales y reglamentarias encaminadas a darle cumplimiento. Muestra de ello
son la alternancia en las listas de representación proporcional, la metodología de bloques, la paridad horizontal, la paridad
transversal y la paridad vertical, entre otras variantes a nivel federal y estatal.
Aunado a lo anterior, en la postulación de candidaturas tanto los partidos como las autoridades electorales deben garantizar la
paridad de género en todos los ámbitos, desde su doble dimensión, esto es, deben postular candidatos y candidatas en igual
proporción de géneros para los cargos.
En consecuencia, el principio de paridad de género en sus dos dimensiones (vertical y horizontal) está encaminado a materializar la
igualdad entre hombres y mujeres en la postulación de candidaturas, con la finalidad de garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos político-electorales de las mujeres, motivo por el cual, esta autoridad considera debe garantizarse también en la
postulación de candidaturas al Senado de la República, así como en las candidaturas a diputaciones federales.
Sin embargo, el principio constitucional de paridad no garantiza por sí mismo resultados paritarios, por lo que es necesario el
establecimiento de una serie de medidas tendentes a hacer efectivo su cumplimiento. Se ha identificado que, tratándose de
cuotas, algunas medidas que condicionan su efectividad son: el porcentaje de la cuota, ubicarlas en candidaturas efectivas y no
simbólicas, la penalización de su incumplimiento y el alcance de la cuota (fórmula completa).
Se resalta que en las elecciones federales de 2015 y en las locales de los años subsecuentes, los órganos legislativos y las
autoridades electorales han puesto en práctica las obligaciones referidas en materia de paridad. La experiencia d e cada elección y
sus resultados para el logro de una democracia paritaria han propiciado modificaciones, o nuevas obligaciones, con el fin de
maximizar el principio constitucional referido y lograr la repartición equilibrada del poder público entre hombres y mujeres.
Las reglas de paridad en las listas de representación proporcional son de especial importancia pues, por un lado, pueden
propiciar la paridad en la integración del órgano legislativo y, por el otro, lo pueden desequilibrar.
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