exige la alternancia en el orden de prelación en la listas y que las fórmulas de candidaturas se integren por personas del mismo
género.
Sin embargo, en la elección de diputaciones federales por el principio de representación proporcional celebrada en 2015, no se
logró que las mujeres accedieran al 50% de las curules asignadas por ese principio, debido a que la mayoría de los partidos políticos
optaron por encabezar con hombres las listas de candidaturas de representación proporcional que registraron.
Con los datos antes precisados, se demuestra que la integración de listas de representación proporcional con las regla de
alternancia y paridad de género no resultan suficientes para garantizar que las mujeres accedan a las curules que se asignan por
dicho principio en un número igual que los hombres, por la tendencia de los partidos políticos a encabezar tales listas con fórmulas
integradas por varones.
Es decir, si bien debe respetarse el derecho de autodetermi nación de los partidos políticos para el efecto de que decidan qué
personas serán sus candidatos y candidatas, y que en la conformación de las listas de candidaturas de representación
proporcional se deben alternar entre sí fórmulas de distinto género, razón por la cual si una lista es encabezada por varones, la
segunda fórmula debe ser integrada por mujeres, y así sucesivamente y de manera alternada, y viceversa; lo cierto es que la
mayoría de los partidos políticos postulan fórmulas de hombres en las primeras posiciones de las listas de representación
proporcional, lo que por sí mismo genera que un número mayor de varones accedan a las diputaciones federales y senadurías
de dicho principio, en detrimento del derecho de las mujeres de ocupar también esos cargos de elección popular.
(…)
Por lo que hace a las senadurías que se asignan por el principio de representación proporcional, ha quedado evidenciado que los
partidos políticos también tienden a encabezar la lista nacional de candidaturas con fórmulas integradas por hombres, y tal
circunstancia, por sí misma, propicia que los varones accedan a un mayor número de escaños por ese principio; máxime que
solamente una minoría de partidos postulan a mujeres en los primeros lugares de sus listas.
De ahí que se justifique la necesidad de exigir que las mujeres también encabecen las listas de representación proporcional.
Una vez precisado todo lo anterior, para revertir las circunstancias de desventaja en que se encontraban las mujeres por la
forma en que se registraban las candidaturas para integrar las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y
con la finalidad de aplicar en forma eficaz el principio de paridad que rige el registro de las candidaturas a cargos de elección
popular que se introdujo al artículo 41 de la Constitución federal con la reforma de 2014, esta autoridad electoral estima necesario
establecer diversas acciones afirmativas a favor de las mujeres, mismas que se reflejan en los puntos de acuerdo Décimo Octavo
y Décimo Noveno del presente Acuerdo, que consisten en lo siguiente.”
En el caso, es posible advertir que los preceptos legales son coincidentes con los argumentos que motivan la emisión del
acuerdo controvertido, y que por tanto resultaban aplicables al caso. Ello porque a partir de la normativa que fundamenta
los criterios impugnados y de los razonamientos que se han transcrito es posible advertir que existe una adecuación entre
los mismos.
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