Posteriormente, la reforma de catorce de agosto de dos mil uno, dio margen para adicionar un segundo y tercer párrafo al
artículo 1°; reformar el artículo 2°; derogar el párrafo primero del artículo 4°; y adicionar un sexto párrafo al artículo 18; y un
último párrafo a la fracción tercera del artículo 115, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las
cuales entraron en vigor el quince de agosto de ese año.
Ello tuvo como eje central la eliminación de cualquier forma de discriminación ejercida contra las personas; la autonomía de
los pueblos indígenas; las obligaciones de las autoridades respecto a los indígenas y el reconocimiento a la igualdad entre
el hombre y la mujer.
Actualmente el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ya se puso de relieve en esta
sentencia, establece que:
Todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en aquélla y en los tratados internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte
El ejercicio de esos derechos no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la
propia Constitución establece
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de modo se más favorezcan a las personas y permitan la
protección más amplia.
Todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad
Queda prohibida toda discriminación, entre otros aspectos, por cuestión de género u origen étnico
Por su parte, el artículo 2° de la Norma Suprema dispone:
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