la mayor fidelidad posible, la pluralidad constitutiva de la sociedad, atenuando con ello la distorsión en la representación
social y la discriminación de los grupos minoritarios de la sociedad nacional.
De ahí que, se insiste, la medida adoptada por el Instituto Nacional Electoral, no tiene por objeto descalificar al común de la
población como lo aduce el recurrente, sino que su finalidad, es desaparecer el estatus de desigualdad, mediante un
tratamiento diferenciado -justificado- que permita coexistir ambos estadios.
Tan es así, que las razones en las cuales se sustentó la procedencia de la acción afirmativa (que no son controvertidas
en modo alguno a través de los agravios) descansan en el contexto histórico de exclusión de personas que se adscriben
como indígenas, en el sistema de partidos políticos, para acceder a un cargo de elección popular.
Efectivamente, es un hecho no controvertido, que el Instituto Nacional Electoral, sustentó su conclusión en los argumentos
siguientes:
“En términos de representación, es un hecho notorio que la participación de los pueblos indígenas en la Cámara de Diputados es
baja. De hecho, existe una ausencia de datos que den cuenta de la presencia de personas indígenas que integran los Congresos a
nivel nacional y estatal. El dato más reciente con el que se cuenta, arroja que en la LXII legislatura (2012-2015), de un total de 500
curules, solamente el 2.8% eran ocupadas por personas indígenas; es decir solo 14, de las cuales, sólo 4 eran mujeres (0.8%)
(…)
…históricamente el porcentaje de personas indígenas que accede a las diputaciones federales es muy reducido; ello debido a que los
partidos políticos no registran suficientes fórmulas de candidaturas integradas con personas indígenas, ni siquiera las postulan en
aquellos Distritos electorales con más del 40% de población indígena. Lo cual ha obstaculizado la representatividad de las
comunidades indígenas, como se evidencia con los resultados obtenidos en las elecciones de 2006, 2009, 2012 y 2015 en los
Distritos con población indígena que muestra que son escasas las personas de origen indígena que acceden a las diputaciones
federales en tales Distritos”.
Tales razonamientos, supone una cláusula de apertura que legitima la acción afirmativa, pues el trato diferenciado, no
constituye una preferencia absoluta e incondicional, en tanto que el sector al cual se dirige, se encuentra infrarrepresentado
y la finalidad, es lograr un plano de igualdad, de ahí que, se reitera, no existe un trato discriminatorio injustificado, como lo
aduce el inconforme.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API
PDFCROWD
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents