conseguir una representación equilibrada de los diferentes colectivos que integran nuestro país y cuyo fin último consiste en
alcanzar la igualdad real, reconociendo las desventajas históricas de la población indígena.
(…)
Esta medida constituye una acción afirmativa en tanto brinda preferencia a las personas indígenas partiendo del nivel de
subrepresentación existente y con el fin, constitucionalmente legítimo, de dar cumplimiento al artículo 2, segundo párrafo y
apartado B, de la Constitución Federal, que señalan que México es una Nación pluricultural, sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas y que todas las autoridades, para promover la igualdad de oportunidades de las personas indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, deben determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de las
persona indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.
Como se advierte, existe una congruencia lógica jurídica entre los preceptos citados por el Consejo responsable para
establecer las acciones afirmativas impugnadas, con los razonamientos que las sustentan, en el sentido de que las mujeres
y grupos indígenas han sido excluidos históricamente de espacios de decisión y representación, y que tradicionalmente los
partidos políticos han dado preferencia en la postulación de candidaturas al género masculino lo que ha facilitado el acceso
de éstos a los órganos legislativos, además, de que han sido omisos en fomentar la participación de las comunidades
indígenas, por lo que contrario a lo que argumenta el actor, no existe la indebida fundamentación y motivación aducida.
V. Transgresión al principio de certeza jurídica, al desconocer la aprobación que ya había efectuado el propio INE
del método de selección de candidatos de los partidos actores.
Síntesis de agravios.
En relación con este apartado de las demandas, los disconformes esgrimen que el Acuerdo reclamado es atentatorio del
principio de certeza jurídica, en atención a que el propio CG del INE, con antelación a la emisión de los criterios tildados de
inconstitucionales, les aprobó el método para la selección de candidatos, garantizando la paridad de género en la
postulación de los mismos.
Al respecto, los actores refieren que si el INE ya les había autorizado el método para la selección y postulación de
candidatos a Presidente de la República, senadores y diputados federales para el proceso electoral 2017-2018, no puede
posteriormente revocar esa determinación, pues ello se traduce en imponer nuevos criterios que afectarán el modo en que
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