realizarán las postulaciones correspondientes, lo que modificará las distintas etapas internas, como la emisión de la
convocatoria, el procedimiento de selección y la determinación final de postulación.
Sobre este aspecto en particular, el Partido Verde Ecologista de México aduce que, en todo caso, el Acuerdo
INE/CG508/2017 debió ser emitido con antelación al diverso INE/CG427/2017, toda vez que la Ley General Electoral prevé
plazos específicos para la presentación del método para selección de candidatos y los criterios aplicables a la paridad de
género, tal y como se desprende del artículo 226 del ordenamiento aludido, el cual dispone que al menos treinta días antes
del inicio formal del proceso interno de los partidos para la selección de candidatos, por lo que los nuevos criterios trastoca
el plazo previsto para tales efectos.
Decisión de la Sala Superior.
A juicio de esta Sala Superior, devienen infundados los agravios que nos ocupan, en razón de que, los lineamientos
combatidos por los disconformes, no constituyen una modificación a los métodos para la postulación de candidaturas de los
partidos políticos, sino únicamente se traducen en reglas que modulan la forma en cómo tales postulaciones deben
integrarse; además de que, los recurrentes a la fecha en que el acuerdo impugnado fue aprobado, cuentan con un tiempo
razonable para implementar los ajustes establecidos.
Efectivamente, en términos del artículo 41, Base V, Apartado A, uno de los principios constitucionales que rigen a la función
electoral, es el de certeza, el cual se desdobla en el ordenamiento jurídico mediante el establecimiento de principios,
facultades y reglas que deben ser conocidos por los participantes de los procesos electorales manera previa, clara y precisa
a su exigibilidad, a fin de que éstos sepan cuáles son los derechos, prerrogativas y obligaciones que rigen la actuación de
cada uno de ellos, incluidas las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales.
Definido el espectro del principio de certeza, es importante traer a cuenta lo estatuido en el artículo 226, numerales 1 y 2, de
la Ley General Electoral, el cual regula lo relativo al procedimiento por el que los partidos políticos deben comunicar al
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