Como puede advertirse, la definición del método o métodos para que los partidos políticos lleven a cabo la selección de
sus candidatos a cargos de elección popular, consta de una serie de etapas y actos jurídicos constreñidos a temporalidades
determinadas, lo cual implica una planeación y organización al interior de los institutos políticos.
Sentado lo anterior, a continuación, es relevante tener en cuenta lo establecido por el Consejo General del INE en el
Acuerdo INE/CG386/2017, el cual fue confirmado por esta Sala Superior al dirimir el recurso de apelación SUP-RAP605/2017 y acumulados, lo que se invoca como hecho notorio con fundamento en el artículo 15, numeral 1, de la Ley
General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el que se fijaron, entre otras cuestiones, por única ocasión y de
manera extraordinaria, los periodos para las precampañas y las fechas para aprobación del registro de candidatas y
candidatos por las autoridades competentes para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral
federal dos mil dieciocho, aspectos que están relacionados directamente con los lineamientos controvertidos.
De esta guisa, en el Acuerdo antes mencionado, el INE determinó lo siguiente:
El periodo de las precampañas del proceso electoral federal será del catorce de diciembre de dos mil diecisiete, al once
de febrero de dos mil dieciocho
Las fechas límite para aprobación del registro de candidaturas por las autoridades competentes, será el veintinueve de
marzo de dos mil dieciocho
Los elementos anteriores ponen de manifiesto que no se vulnera en la especie el principio de certeza, puesto que, en
primer lugar, los lineamientos que ahora se combaten, no modifican el método de selección de candidatos, sino que
únicamente estatuyen reglas que definen el cómo deberá presentarse la solicitud de registro de las candidaturas formuladas
por los partidos políticos, sin que ello incida en modo alguno, en la autodeterminación que los mismos tienen para realizar
las postulaciones en términos de sus estatutos, siempre y cuando, cumplan con lo exigido en la Constitución y la Ley.
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