En efecto, el deber de los partidos políticos de postular candidatos para diputados federales o senadores, respetando el
principio de paridad de género y el de configuración pluricultural, tiene sustento constitucional y convencional, como ya se
puso de relieve en esta ejecutoria.
De esta guisa, las bases constitucionales en materia de paridad se encuentran en el artículo 41, Base I, de la Norma
Suprema, mientras que las de cuota indígena, encuentran asidero en el artículo 2° de aquélla.
En consecuencia, del entramado constitucional, convencional y legal que ha quedado examinado en esta resolución, este
Tribunal Constitucional alcanza la convicción de que las obligaciones de los partidos políticos de garantizar la paridad entre
los géneros, así como la inclusión de personas que se adscriban como autoindígenas, en las candidaturas a legisladores
federales, proyecta una irradiación fuerte del principio pro persona, por lo que la medida es constitucionalmente válida.
Ahora bien, la sanción impuesta en los lineamientos, no resulta novedosa, como incorrectamente lo aducen los quejosos,
dado que, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidatos, respetando la paridad de género, puede
ser sancionado con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes, por lo que, en todo caso, lo establecido
por el Consejo General, se traduce en una aplicación legal establecida por el legislador democrático en el artículo 235.2 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Similar criterio sostuvo esta Sala Superior, al emitir la opinión SUP-OP-35/2017, en donde se analizó una norma que
autorizaba como sanción, la cancelación de todas las candidaturas que no respetaran el principio de paridad de género, lo
cual se consideró constitucional, por existir correspondencia entre la medida y los fines constitucionales preservados por la
misma.
VII. Inconstitucionalidad de la cuota indígena implementada por el INE, al no corresponder con la evolución de las
acciones afirmativas que se han realizado en México sobre el tema, aunado a que su establecimiento constituye un
requisito no estatuido en el artículo 55 de la Constitución Federal.
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