sus derechos y cómo pueden exigirlos; (ii) respetando su autonomía; y (iii) acompañándolas en su toma de decisiones. Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia La señora Gloria Nieto de Cano presentó un escrito de intervención como representante legal de la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus Familias – ACPEF, con la finalidad de solicitar que se declarara exequible la Ley 1996 de 2019. Para comenzar, indicó que la asociación participo en el proyecto denominado “Apoyo a la toma de decisiones y la vida en la comunidad en Colombia (según los artículos 12 y 19 de la CDPD)”. Asimismo, expresó que con la redacción de la “Guía práctica para el ejercicio de la capacidad jurídica”, la cual fue resultado del proyecto en el que participaron, se logró poner en evidencia, desde la experiencia de personas y familias con discapacidad cognitiva y psicosocial, la necesidad de establecer un modelo de toma de decisiones con apoyo, por la permanente violación de los derechos de las personas en nombre de una “protección” mal entendida, por parte de las familias y del sistema de salud. Por lo anterior, la interviniente procedió a hacer un resumen de la información más relevante que, en su opinión, debía ser tenida en cuenta por la Corte Constitucional al momento de emitir el fallo. Dicha información se presentó de la siguiente manera: “1. La capacidad jurídica constituye la puerta de acceso al ejercicio de todos los derechos como lo expresa el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En consecuencia, la realización de los derechos humanos, dignidad, autonomía, y solidaridad- de las Personas con discapacidad pasa necesariamente por el reconocimiento de su capacidad jurídica. 2. Consideremos que tratándose especialmente de la discapacidad mental o psicosocial adquiere una significación muy relevante venciendo la exclusión y el estigma que se genera desde las mismas normas del estado que pretenden “protegerlos” y defender sus derechos, negándoselos. 201