Lineamientos para el entendimiento, adjudicación
y resolución de controversias durante elecciones
También se usarán reparaciones administrativas como recurso para ciertos tipos de casos en los que las
penas y sanciones no ofrecen una resolución adecuada, en especial en la fase del día preelectoral del
proceso electoral. Este tipo de reparaciones podrían incluir correcciones de omisiones o errores en el
padrón electoral, la reinstalación de candidatos o partidos que fueron destituidos por error, la concesión
de tiempo de transmisión a los candidatos o partidos a los que se les recortó el mismo o proporcionar
nuevos puntos de reunión a grupos a quienes se les negó incorrectamente algún permiso.
La repetición de elecciones no demuestra necesariamente las intenciones de los electores en el día
electoral original y no se deberán celebrar sin una justificación contundente. Tampoco es un medio
adecuado de sanción a la violación a leyes electorales a menos que las violaciones pudieran, en verdad,
cuestionar la validez de los resultados de la votación. Su celebración es, en particular, errónea si se
utiliza para sancionar a electores de manera colectiva debido a su mala conducta (tal como la presunta
complicidad en la compra de votos).
El fin de las elecciones es darle una voz a la voluntad del pueblo. Los resultados electorales no se deben
revocar de manera fácil ni tomarse a la ligera. Sólo se podrán anular los resultados electorales bajo
circunstancias extraordinarias, cuando haya pruebas claras de ilegalidad, deshonestidad, injusticia,
hechos ilícitos u otro tipo de mala conducta y, sobre todo, cuando dicha conducta inadecuada haya
afectado el resultado electoral.
Ante la ausencia de dichas circunstancias extraordinarias, los candidatos y partidos que hayan perdido
las elecciones deberán aceptar los resultados electorales en vez de declarar de inmediato que las
elecciones y los gobiernos derivados de las mismas son ilegítimos. Los mecanismos de adjudicación de
quejas no deberán manipularse para continuar batallas políticas después de las elecciones y para
socavar la finalidad de los resultados electorales oficiales. Las personas que violen la ley aún seguirán
sujetos a procesos administrativos o penales sin afectar los resultados electorales.
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