Lineamientos para el entendimiento, adjudicación
y resolución de controversias durante elecciones
frecuencia, estas quejas se resuelven en un tribunal superior (la Suprema Corte, la Corte Constitucional
o una sala electoral especial), aunque en algunos países se asigna esta tarea a un órgano administrativo
separado del poder judicial. Existen incluso países en los que no se permite impugnar el resultado de las
elecciones de manera directa, en ellos, las apelaciones y quejas electorales son procesadas por el
sistema de tribunales penales. Existen otros tipos de conflictos electorales que son mucho menos
significativos, por ejemplo: determinar a qué partido político se le permite realizar actos de campaña en
cierto día o en cierto lugar, conforme a las leyes electorales. Este tipo de conflictos puede ser resuelto
por comisiones electorales a nivel local.
También se utiliza la frase resolución de conflictos para describir el proceso de manejo de quejas
interpuestas por partidos políticos, candidatos, ciudadanos y demás actores electorales. Por lo general,
las quejas surgidas durante las fases iniciales de una elección, la campaña electoral o la jornada
electoral, están relacionadas con violaciones a los derechos político-‐electorales del ciudadano (por
ejemplo: el registro de electores, la certificación de candidatos, etc.) o con irregularidades
(incumplimiento a la ley electoral, el reglamento o los procedimientos). Este tipo de quejas plantean
enormes problemas a las autoridades, tribunales y demás órganos electorales involucrados en el
sistema de resolución de conflictos electorales, debido a la gran cantidad de ellas y a su naturaleza
urgente. Por lo tanto, los términos resolución de conflictos y resolución de conflictos electorales pueden
verse como sinónimos, los cuales abarcan una amplia gama de situaciones y se enfocan en los
procedimientos judiciales o administrativos que las resuelven.
Las quejas relacionadas con conductas ilícitas que constituyan delitos, conforme a la ley electoral o
demás leyes aplicables, pueden procesarse por medio de procedimientos penales. Casi siempre, este
tipo de quejas se interponen ante las autoridades policíacas, la fiscalía o los tribunales, con la finalidad
de que se investiguen y, de ser necesario, se castiguen ʹfuera del sistema administrativo para la
resolución de conflictos electorales. Aunque se pueden establecer órganos especiales o tribunales
judiciales electorales que resuelvan también delitos penales que se encuentren dentro de su
jurisdicción.
En los siguientes capítulos, el lector se encontrará con frecuencia con la frase órganos de gestión
electoral, un término muy general que se utiliza para designar a la dependencia gubernamental o
departamento encargado de la organización, coordinación y supervisión del proceso electoral. La
naturaleza exacta del órgano de gestión electoral varía de país a país: puede tratarse de un órgano
independiente, o de una rama de una secretaría. Puede existir sólo un órgano de gestión electoral que
supervise todas las elecciones del país, o cada provincia, estado o prefectura puede tener su propio
órgano de gestión electoral. Este órgano puede estar encargado sólo de la gestión electoral, u ocuparse
también del conteo de votos y la resolución de conflictos electorales. En general, cuando los autores
mencionan el término órgano de gestión electoral, se refieren a la dependencia gubernamental que
administra las elecciones, la cual se presume sea diferente al órgano encargado de la solución de
conflictos electorales (debido a las diferentes funciones que se explorarán en este libro).
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