Coincido con toda la argumentación que se maneja en la sentencia, en tanto que el Estado no debe cuestionar la identidad de las personas. Tratándose de personas transgénero, además, coincido en que la autoadscripción debe ser suficiente para que el Estado los y las reconozca bajo esa identidad. Sin embargo, la argumentación y estándares ofrecidos en la sentencia hacen referencia al momento en el cual una persona solicita su cambio de acta de nacimiento (o documentación oficial de identificación) porque su identidad de género no coincide con su sexo biológico bajo el cual fue registrada al momento de nacer. En efecto, para que el Estado reconozca a una persona y su identidad, es necesario solicitar este reconocimiento. Según los estándares internacionales y las referencias de otros países, este reconocimiento se otorga cuando se solicita el cambio de documentación oficial. Esto, incluso, lo afirma la sentencia al establecer que “El cambio de identidad y su reconocimiento en los documentos oficiales, es el punto de partida para el ejercicio de otros derechos asociados al libre desarrollo de la personalidad, como el acceso a la salud, la educación o la seguridad social, entre otros” (páginas 101 y 102). Bajo este entendido, coincido con la sentencia porque el Estado no puede cuestionar a una persona que afirma tener una identidad de género distinta a la que le fue asignada al momento de su nacimiento. Sin embargo, es incorrecto trasladar esta argumentación al ámbito de los derechos político-electorales y, más aun, al contexto del mandato de paridad de género. Los motivos que me llevan a afirmar esto es que, primeramente, existe una vía adecuada e idónea por medio de la cual el Estado mexicano garantiza el reconocimiento oficial de la identidad de género de una persona. Si bien es cierto que pueden presentarse obstáculos y barreras burocráticas que impiden que la gestión sea idónea, lo cierto es que el Estado mexicano Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD