Ahora bien, respecto a las acciones afirmativas indígenas, el Consejo responsable razonó en cuanto a los preceptos legales
aplicables que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 2, párrafo primero, que
México es una Nación pluricultural y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, en su artículo 1, numeral 4, señala que "las acciones afirmativas adoptadas con el fin exclusivo de
asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que
pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales, [como lo son los derechos político electorales], no se considerarán como
medidas de discriminación"
De igual forma, basó su actuar en lo estipulado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial el cual ha
señalado su preocupación por el "número y rango de los puestos gubernamentales ocupados por personas indígenas,
especialmente mujeres, en México" y ha recomendado a México que "redoble sus esfuerzos para asegurar la plena
participación de los indígenas, en especial de la[s] mujer[es], en todas las instituciones de toma de decisión, en particular en
las instituciones representativas y en los asuntos públicos, y que tome medidas efectivas para asegurar que todos los
pueblos indígenas participen en todos los niveles de la administración pública, (para lo que
podría ser útil] la
implementación de medidas especiales o de acción afirmativa".
En el mismo sentido, argumentó que, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres ha señalado al
Estado Mexicano su especial preocupación por el bajo número de mujeres indígenas que participan en la vida pol��tica del
país y que recomendaba eliminar "los obstáculos que impiden a las mujeres, en particular, las indígenas, participar en la
vida política".
De igual modo, razonó que, la pluriculturalidad reconocida en el artículo 2 de la Constitución Federal debe verse reflejada
en el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara de Diputados ya que es el órgano de representación de la
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