autonomía y prevalezcan sus preferencias. Al respecto, informaron que “en los Estados Unidos las sentencias de interdicción han ocasionado abusos, explotación y disminución de la capacidad funcional de las personas interdictas”. Describieron que la experiencia en Estados Unidos desde los años 80 demostró que los tutores o curadores tomaban decisiones sin consultar a los intereses de las personas que custodiaban. Esto llevó a reformar leyes para limitar el alcance de las facultades de los tutores, pero no se derogó del todo la figura de la interdicción. A pesar de ello, un informe de 2010 emitido por la “Oficina de Fiscalización Federal” (GAO por sus siglas en inglés), evidenció “cientos de casos de abuso físico, negligencia y explotación financiera por tutores entre los años 1999 y 2010”. Se encontró que los sistemas judiciales no monitoreaban a los tutores, pero también, que muchos de los tutores que tenían alguna clase de parentesco con la persona que custodiaban, eran los que más abusos financieros cometían. Igualmente, los intervinientes sostuvieron que “la interdicción de por sí conlleva impactos psicosociales negativos en todas las personas interdictas”. Concretamente, resaltaron los siguientes impactos negativos: (a) limita la capacidad funcional, de salud y de bienestar de la persona, (b) produce aislamiento social, (c) disminución de confianza y aumento de sentimientos de desesperanza, (d) sentimientos de estigmatización social y (e) preocupación sobre los presuntos abusos que puede cometer el tutor sobre sus derechos. Contrario a todos estos impactos negativos de la interdicción, los intervinientes sostuvieron que “los sistemas de apoyos para la toma de decisiones han sido correlacionados con resultados positivos en las vidas de personas con discapacidad intelectual, provocando tendencias judiciales y legislativas que favorecen esta alternativa”. Al respecto, subrayaron que por las evidencias de dos proyectos piloto (con personas con discapacidad intelectual) que se iniciaron por organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos, se pudo establecer que los asuntos de salud y de finanzas son en los que más se utilizan los apoyos. Como impactos positivos advirtieron: “(…) los cambios que se evidenciaron en los participantes (…) incluyeron aumentos en orgullo, auto estima, alegría, disponibilidad de probar cosas nuevas, mayor protagonismo con respecto de su propia salud física y mental, mayor iniciativa a ayudar a otros. Más importante, nadie experimentó abuso, negligencia o explotación financiera como resultado de utilizar a apoyos, causando los participantes a pensar que la estructura de los sistemas de apoyo para la toma de decisiones disminuyen los riesgos que pueden afectar a las personas interdictas”. 126