historia jurídica en el que era justificable restringir derechos por hacer parte de una población. No es viable retroceder. l) Que la interpretación que se realice de los cargos presentados debe ser alineada con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. m) Que la Ley prevé tres mecanismos distintos que se acomodan a las diversas necesidades de la población con discapacidad, respetando su diversidad y no escondiéndola”228. Ministerio de Salud y Protección Social La señora Edith Piedad Rodríguez Orduz, en calidad de apoderada especial de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, presentó su escrito de intervención para solicitar que no se accediera a las pretensiones de la acción y, en consecuencia, se declarara la exequibilidad de la norma. Adicionalmente, de manera subsidiaria, solicitó que la Corte Constitucional se abstuviera de emitir fallo de fondo en el presente asunto, por falta de los presupuestos dispuestos en el Decreto 2067 de 1991 y demás disposiciones concordantes. La interviniente comenzó su escrito haciendo referencia a que la Constitución Política de 1991 fue el hito que marcó “el inicio de la era de cambio y desarrollo del corpus normativo cuya finalidad es la promoción y garantía de los derechos de las personas con discapacidad” 229. Agregó que la Carta Política estableció a Colombia como un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto por la dignidad humana y consagró la obligación del Estado a garantizar a todos los ciudadanos sus derechos fundamentales en condiciones de igualdad y justicia. Así, a través de sus principios y su articulado, la Constitución protege los derechos de las personas con discapacidad y propende por el respeto de su dignidad humana a través de: (i) “la lucha contra la discriminación”; (ii) “el reconocimiento de derechos específicos para esta población”; y (iii) “la comprensión de los derechos y necesidades de forma integral y holística”230. 228 Págs. 33 y 34. 229 Pg. 5. 230 Págs. 5 y 6. 162