3.
No estar inscrito o tener registro vigente como deudor alimentario o
moroso que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que
acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda
ante las instancias que así correspondan.
En el escrito se establece que si bien en esta etapa este mecanismo sería
adoptado por propia voluntad por quienes aspiran una candidatura y bajo
protesta de decir verdad para demostrar su compromiso por erradicar la
violencia, su implementación por parte del Instituto Nacional Electoral brindaría
mayores garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra
las mujeres en razón de género y, con ello, que los Organismos Públicos Locales
Electorales podrían replicar lo propio en el ámbito local; logrando con ello un
marco normativo progresista a favor de los derechos políticos y electorales, en
específico, en lo referente a la violencia política contra las mujeres en razón de
género en cualquier momento que esta ocurra. Elevando los estándares de la
ética y responsabilidad pública, así como la generación de criterios de exigencia
ciudadana hacia las autoridades, fortaleciendo con ello la consolidación de una
cultura democrática y libre de todo tipo de violencia.
Competencia
1.
De conformidad con los artículos 44, numeral 1, incisos j) y jj) de la LGIPE; 5,
numeral 1, inciso w) y 46, numeral 1, inciso w) del RIINE señalan que el
Consejo General del INE es el órgano responsable de emitir los Lineamientos
para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia
política contra las mujeres en razón de género, y vigilar que cumplan con las
obligaciones a que están sujetos, así como dictar los acuerdos necesarios
para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la
normatividad aplicable.
Marco normativo
2.
El INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la
Unión, los Partidos Políticos Nacionales y la ciudadanía, en los términos que
ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de
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