6/8/2020
HJ System - Decision: SENTENCIA 13/2009
Art. 20.6: “A efectos de lo señalado en los dos párrafos anteriores, se considera que existe una representación
equilibrada cuando en los tribunales, jurados u órganos afines de más de cuatro miembros cada sexo está
representado al menos al 40 por 100. En el resto, cuando los dos sexos estén representados”.
Art. 20.7: “El órgano administrativo que promueva la norma o disposición administrativa habrá de establecer
indicadores que permitan realizar la evaluación del grado de cumplimiento y de la efectividad de las medidas
referidas en los párrafos anteriores, de cara a la consecución del objetivo de eliminar las desigualdades y
promover la igualdad de mujeres y hombres”.
Disposición final segunda, apartado 2: “Se adiciona un párrafo al artículo 31 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de
la Función Pública Vasca, con el número 3, de manera que el actual 3 pasa a ser el 4, con la redacción siguiente:
‘3. Salvo que se justifique debidamente su no pertinencia, la composición del tribunal u órgano técnico de
selección ha de ser equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada. Se
considera que existe una representación equilibrada cuando en los órganos de más de cuatro miembros cada sexo
está representado al menos al 40 por 100; en el resto, cuando los dos sexos estén representados’”.
Disposición final cuarta: “Se añade un párrafo, con el número 4, al artículo 50 de la Ley 5/1990, de 15 de junio,
de Elecciones al Parlamento Vasco, con el siguiente tenor: ‘4. Las candidaturas que presenten los partidos
políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de personas electoras estarán integradas por al menos un 50
por 100 de mujeres. Se mantendrá esa proporción en el conjunto de la lista de candidatos y candidatas y en cada
tramo de seis nombres. Las juntas electorales del territorio histórico competentes sólo admitirán aquellas
candidaturas que cumplan lo señalado en este artículo tanto para las personas candidatas como para las
suplentes’”.
Disposición final quinta: “El artículo 6 bis de la Ley 1/1987, de Elecciones para las Juntas Generales de los tres
territorios históricos, queda redactado de la forma siguiente: ‘1. Las candidaturas que presenten los partidos
políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de personas electoras estarán integradas por al menos un 50
por 100 de mujeres. Se mantendrá esa proporción en el conjunto de la lista de candidatos y candidatas y en cada
tramo de seis nombres. Las juntas electorales de zona competentes sólo admitirán aquellas candidaturas que
cumplan lo señalado en este artículo tanto para las personas candidatas como para las suplentes’”.
La fundamentación jurídica del recurso se centra, en primer lugar, en los preceptos de la Ley impugnada
referidos a la promoción de la igualdad en el ámbito administrativo, alegando los recurrentes que los arts. 20.4
b), 5, 6 y 7, y la disposición final segunda, apartado 2, de la Ley del Parlamento Vasco 4/2005 incurren en
“vulneración del derecho a la igualdad, del derecho al acceso a las funciones públicas y del principio de mérito y
capacidad” reconocidos en los arts. 14, 23.2 y 103.3 CE. Tras aludir a la doctrina constitucional en materia de
igualdad afirman los actores que, con la previsión de cupos o cuotas para la composición de órganos
administrativos, el legislador autonómico, además de vulnerar el art. 14 CE, ha afectado directamente al
contenido esencial del derecho de acceso a la función pública. A su juicio, siendo legítimo el fin pretendido,
ninguno de los preceptos impugnados supera las exigencias constitucionalmente necesarias en términos de
razonabilidad y proporcionalidad de las medidas de acción positiva.
Para los demandantes faltaría incluso en el presente caso el requisito de una situación de partida discriminatoria,
pues sostienen que es “extremadamente dudoso” que en el seno de las Administraciones afectadas “un
determinado género parta de una situación de postergación”. Además “la finalidad perseguida por la norma, que
hombres y mujeres participen en un órgano administrativo pluripersonal, es ilegítima”, pues en tales órganos no
se realiza, ni podría realizarse, la participación política; entender otra cosa llevaría al absurdo de servirse de ellos
para la promoción de todas las categorías respecto de las cuales se plantee la sospecha de que sean objeto de
discriminación. De ello también se deduce, para los recurrentes, la incongruencia de unas normas cuya causa (la
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres) tiene como efecto la eliminación de criterios de objetividad,
conocimiento, mérito y capacidad en el seno de dichos órganos, lo que supondría la infracción del art. 103.3 CE.
Por último se alega que “la proporcionalidad de los preceptos impugnados brilla por su ausencia, instalándose en
la mera oportunidad política”, pues la promoción de la mujer, pudiendo conseguirse por medio de los
procedimientos establecidos en otros muchos preceptos de la Ley, no puede alcanzarse fijando cuotas en órganos
https://hj.tribunalconstitucional.es/en/Resolucion/Show/6432
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