Decisión de la Sala Superior.
Para efectos de análisis del presente apartado, los agravios se agruparán en dos temas, por una parte, el relativo a la
competencia del INE para emitir el acuerdo combatido y, por otra, lo atinente a si el citado Instituto excedió su facultad
reglamentaria y violó el principio de reserva de ley.
Los motivos de disenso contenidos en este apartado de la sentencia devienen infundados, porque el Instituto Nacional
Electoral, cuenta con facultades constitucionales, convencionales y legales, para establecer acciones afirmativas de género
e indígenas, a través de los lineamientos contenidos en el acuerdo controvertido y además, dicha facultad en modo alguno,
vulneró el principio de reserva de ley, de conformidad con las consideraciones siguientes.
I.1. Facultades del INE para emitir criterios relacionados con acciones afirmativas en materia de paridad de género y cuota
indígena.
El artículo 41, Base V, Apartado A, de la Norma Fundamental, establece que el Instituto Nacional Electoral es un organismo
constitucional, público y autónomo, cuya función estatal es organizar las elecciones federales, es decir, la elección del
Presidente de la República, diputados y senadores del Congreso de la Unión, así como las de las entidades federativas, en
coordinación con los organismos electorales de éstas, cuando se actualicen los supuestos previstos para ello.
Con la reforma constitucional en materia política-electoral, publicada el diez de febrero de dos mil catorce, en el Diario
Oficial de la Federación, el INE dejó de ser un órgano federal y por disposición del Poder de Reforma de la Constitución
General, fue transformado en una autoridad electoral de carácter nacional, garante de los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
De igual manera, la reforma colocó al INE como un órgano independiente en sus decisiones y funcionamiento, con el
propósito de que, a través del ejercicio de sus facultades y mediante la interpretación y aplicación de los principios
constitucionales y legales, se logre un fortalecimiento cualitativo del régimen democrático en el Estado mexicano.
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