RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO
CONSTITUCIONAL”[11].
Bajo estas premisas, toda vez que la acción afirmativa de cuota indígena no es objeto de regulación exclusiva de la Ley
General Electoral, sino que su implementación es resultado de la eficacia directa del parámetro de regularidad
constitucional y convencional invocado, lo cual se ajusta, además, al artículo 1° de la Norma Suprema, al no operar el
presupuesto de reserva de ley alegado por los disconformes para el tópico que nos ocupa, tampoco se puede surtir
violación alguna a dicho principio, de ahí que los motivos de agravio resulten infundados.
En similares términos, se pronunció esta Sala Superior al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-825/2016 y
acumulado, en el cual se determinó que, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, se
encontraba facultado para emitir los acuerdos dirigidos a lograr la plena observancia del principio de paridad de género y
para ello, podría implementar las reglas instrumentales pertinentes, en la postulación de planillas para integrar los
ayuntamientos locales, sin que dicha atribución, fuese delimitada por la normativa constitucional, federal y local, como
atribución exclusiva del Poder Legislativo.
Pero aún más, esta Sala Superior estima que el INE está facultado para implementar directrices con el propósito de hacer
efectivos diversos principios constitucionales, mediante el establecimiento de criterios interpretativos que potencialicen
derechos fundamentales, a efecto de que éstos se proyecten como auténticos mandatos de optimización.
En el caso de los derechos de paridad de género y pluriculturalismo, en realidad, lo que el INE implementó son medidas
tendientes a fortalecer la dimensión sustantiva del derecho a la igualdad jurídica de mujeres y personas indígenas, frente al
resto de ciudadanos que no tienen esta condición, a fin de que las personas pertenecientes a tales grupos tengan
condiciones reales de participación política y acceso a cargos de elección popular en los términos relatados en el propio
acuerdo tildado de inconstitucional.
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