En este sentido, la emisión de los lineamientos no constituyen modificaciones fundamentales a los actos esenciales e
imprescindibles de alguna de las etapas del proceso electoral, en especial la atinente a los procesos de selección de
candidatos y al procedimiento de su registro, puesto que el objeto y finalidad de tales procedimientos no fue alterado, ya
que solamente se establecieron cuestiones instrumentales para optimizar el principio de paridad de género y pluralismo
cultural de los sujetos obligados por la Constitución y la ley.
Con relación a la implementación de medidas especiales –a las que también se les conoce como acciones afirmativas–,
para lograr la igualdad sustantiva de hombres y mujeres, esta Sala Superior ha sostenido diversos criterios, como los que
se mencionan enseguida:
El principio de igualdad, en su dimensión material, como un elemento fundamental de todo Estado Democrático de
Derecho, toma en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes,
tales como mujeres, indígenas, personas con discapacidad, entre otros, y justifica el establecimiento de medidas para
revertir esa situación de desigualdad, conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y
razonables. Por tanto, las acciones afirmativas en favor de tales grupos sociales tienen sustento constitucional y
convencional en el principio de igualdad material[16]
Las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como
propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de
sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades
de que disponen la mayoría de los sectores sociales. Este tipo de acciones se caracteriza por ser: temporal, porque
constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se proponen; proporcional, al exigírseles un
equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca una
mayor desigualdad a la que pretende eliminar; así como razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la
colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector determinado[17].
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