En el caso de los apelantes, cuentan con interés suficiente para reclamar el acto impugnado, consistente en el acuerdo
general número INE/CG508/2017, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, toda vez que a través del
acuerdo combatido se determinan los criterios para el registro de candidatos a los distintos cargos de elección popular que
presenten los partidos políticos para el proceso electoral 2017-2017, lo que es susceptible de lesionar sus prerrogativas y
ser contrario a sus intereses.
Además, ha sido criterio de esta Sala Superior que los partidos políticos pueden deducir acciones en defensa del interés
público, denominadas por este órgano jurisdiccional electoral especializado como "acciones tuitivas de intereses difusos",
para impugnar actos o resoluciones de los órganos del Instituto Nacional Electoral, que por su naturaleza y consecuencias
pudieran trascender al desarrollo del proceso electoral o afectar los principios rectores de la función electoral, lo que sucede
en el caso.
Sirven de apoyo a lo expuesto, el criterio contenido en las Jurisprudencias 15/2000[5] y 10/2005[6], resueltas por esta Sala
Superior, de rubro siguiente: “PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE
INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES" y "ACCIONES TUITIVAS DE
INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN
DEDUCIR.”
Por otra parte, se estima que los promoventes de los Juicios para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del
Ciudadano, números SUP-JDC-1090/2017, SUP-JDC-1091/2017, SUP-JDC-1092/2017, SUP-JDC-1093/2017, SUP-JDC1094/2017, SUP-JDC-1095/2017, SUP-JDC-1099/2017, SUP-JDC-1110/2017 y SUP-JDC-1114/2017 cuentan con interés
legítimo para impugnar el acto controvertido, dado que, se autoadscriben como indígenas, pertenecen a un grupo
vulnerable y en desventaja y, pretenden maximizar los derechos político-electorales de los habitantes de los pueblos y
comunidades indígenas, acorde con la jurisprudencia 9/2015, de rubro: “INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA
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