Afirman que lo resuelto en el Acuerdo por el Instituto Nacional Electoral, no altera el resultado al que deben de llegar los
métodos de selección, además de que éstos no son obstáculos para cumplir con las reglas contenidas en el acuerdo, sino
que por el contrario permite que los institutos cumplan con su deber de ser vehículos de participación política para la
ciudadanía, cumpliendo también con los principios de paridad, igualdad y no discriminación.
En relación a la autodeterminación en materia de selección, y postulación de candidaturas, menciona que la resolución
impugnada no interfiere en los métodos de selección, ya que solamente marca ciertas reglas aplicables a la hora de colocar
a las personas seleccionadas.
Acciones afirmativas del acuerdo.
Cita, que estas acciones no solamente se encuentran orientadas a prevenir un trato desigual y potencialmente
discriminatorio, sino que su mayor aportación es contribuir a erradicar la perturbación en los grupos en desventaja como en
el caso son las mujeres y las comunidades indígenas.
Así, todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
tomando en cuenta la jurisprudencia.
Sobre la razonabilidad, objetividad de la medida
Por cuanto al tema se refiere, en esencia, expone que los lineamientos desarrollados por el Instituto Nacional Electoral,
cumplen con los parámetros que delimitan el test de proporcionalidad
7. Hechos relevantes.
Los actos y hechos que dan origen al Acuerdo impugnado, son los siguientes:
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