parámetros y, por otra, solamente dispone cómo deben componerse las fórmulas y listas, a través de una modalización para
su registro por parte de los partidos políticos, sin imponer alguna obligación adicional ni desnaturalizar el principio de que se
trata.
B. Cuota indígena.
Por lo que ve a este tema, a juicio de esta Sala Superior no puede actualizarse una condición exorbitante en el ejercicio de
la facultad reglamentaria del INE con la emisión del acuerdo tildado de inconstitucional, en razón de que, como ya se
explicó, para que esa hipótesis pueda presentarse, es condición que cierta materia esté reservada por la Norma
Fundamental para su regulación, a una ley en sentido formal y material, a la que, en todo caso, el reglamento debe ceñirse.
Sin embargo, en la especie, no se vislumbra la vulneración alegada por el recurrente, en razón de que la Constitución
Federal no remite (como sí lo hace con el tema de paridad de género) a Ley General Electoral, para que sea ésta la que
regule tal ámbito, sino que la acción afirmativa de cuota indígena ha sido implementada por el INE, a partir de la aplicación
y fuerza vinculante directa del artículo 2° de la Norma Suprema; 1°, numeral 4, de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y 2° del Convenio 169 de la OIT.
Sobre este aspecto, en concepto de este Tribunal Constitucional, es constitucionalmente adecuada la eficacia y
fundamentación directa que ha dado el INE a la acción afirmativa que nos ocupa, a partir de los preceptos constitucionales
y convencionales invocados, en tanto la misma se ajusta a lo dispuesto en el artículo 1° de la Carta Suprema, numeral que
como se ha puesto de relieve en esta sentencia, estatuye que todas las personas gozan de los derechos fundamentales
previstos en la misma y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los cuales deben ser
interpretados y aplicados de la forma que más favorezca su ejercicio, tal y como lo ha reconocido el Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia en la Jurisprudencia P./J. 20/2014, cuya voz expresa: “DERECHOS HUMANOS
CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO
DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA
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