Síntesis de agravios.
Los partidos recurrentes esgrimen que la emisión de los criterios por parte del CG del INE son transgresores de los artículos
226, numeral 2, de la LEGIPE y 3°, numeral 4, 34, numeral 2, incisos d) y e) y 47, numeral 3, de la LGPP, toda vez que los
procedimientos para la selección de precandidatos y candidatos a cargos de elección popular forman parte de la vida
interna de los partidos políticos, así como los procesos deliberativos para la definición de las estrategias político-electorales,
dentro de las cuales se encuentra la definición de candidaturas.
Con relación a este agravio, el Partido Verde Ecologista de México, señala que su normativa interna ya garantiza la
participación igualitaria de género en la postulación de candidatos, al tenor de lo dispuesto en el numeral 58 de sus
estatutos, de ahí que la injerencia que pretende el INE mediante la emisión de los criterios controvertidos, interfiera
injustificadamente en su facultad para decidir y seleccionar a sus candidatos de manera libre y deliberativa.
Así, añade que la designación de quiénes encabecen la lista de representación proporcional para el caso de senadurías y
diputaciones, así como de la decisión respecto del género de las fórmulas para senadores por el principio de asignación de
mayoría relativa, forman parte de la vida interna de los partidos políticos que no puede ser invadida por el CG del INE.
En conclusión, el Partido Verde Ecologista de México argumenta que los criterios controvertidos vulneran el método para la
selección y postulación de candidatos a Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales para el proceso
electoral dos mil diecisiete – dos mil dieciocho, así como los principios de autoregulación y autodeterminación en los
procedimientos de selección de candidatos, lo que transgrede la vida interna de los partidos políticos.
Aún más, los accionantes sostienen que la medida no cubre los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad, por lo
que, al no satisfacer el test de proporcionalidad, violenta también los principios de universalidad y proporcionalidad de los
derechos fundamentales previstos en el artículo 1° de la Norma Suprema.
Decisión de la Sala Superior.
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