a las autoridades legislativas y administrativas en la materia, para remover todos los obstáculos que impidan la plena
observancia de tales principios en la integración de los órganos de representación popular.[19]
Por ende, si bien los partidos políticos están facultados para establecer sus propios procedimientos y requisitos para la
selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, a fin de que se cumpla con la paridad de género
y el principio de pluralismo nacional, lo cierto es que, de un análisis integral al sistema jurídico mexicano, dicha facultad
puede ser modulada por las autoridades electorales la cuales también están obligadas, por disposición de la ley
fundamental y distintos ordenamientos internacionales a garantizar que dichos principios constituyan una realidad material.
Así, el establecimiento de acciones afirmativas por parte del Instituto Nacional Electoral, se encuentra en armonía y
coherencia con el nuevo modelo de protección y maximización de los derechos humanos imperante en nuestro país, y
proporciona certeza y seguridad jurídica a los partidos políticos respecto a cómo deben solicitar el registro de las
candidaturas a legisladores federales, así como a las ciudadanas y ciudadanos que pretendan participar, quienes de
antemano conocen con la debida oportunidad, que dicho Instituto ha definido medidas especiales con el objeto de cesar las
condiciones de desigualdad que históricamente han enfrentado las mujeres y las comunidades indígenas en el acceso a los
cargos de elección popular, a fin de cumplir con el mandato contenido en la constitución y los instrumentos internacionales
de hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales.
Ahora bien, a juicio de esta Sala en modo alguno se vulnera el principio de auto organización y auto-limitación de los
partidos con la implementación de tales medidas, sino que solamente se ven modulado en busca de un bien mayor, dado
que, el Instituto demandado armoniza de manera correcta los principios de autodeterminación y autorregulación
partidista con los principios de igualdad, paridad de género y pluralismo cultural.
El artículo 41, fracción I de la Constitución Federal, establece que los partidos políticos son entidades de interés público,
que tienen como fines esenciales hacer posible la participación de la ciudadanía en la vida política, así como el acceso de
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