Radicado: 19001-23-33-003-2019-00368-01
Demandante: Silvio Ortiz Daza
Demandado: Oyther Manuel Candelo Riascos
85. Al respecto la Corte Constitucion al ha señalado18: “La autonomía de los partidos
y movimientos políticos es una materialización de los principios de pluralismo y de
separación entre asuntos públicos y privados y una condición de la democracia real. Se
trata de reconocer que en los regímenes absolutos, no existe separación entre los
partidos y el poder público y se acude a crear un partido de Estado, en el entendido de
que el partido es controlado por los gobernantes o viceversa y se excluye de iure o de
facto la libre contienda política. Esto quiere decir que la democracia exige garantías de no
injerencia de los órganos del poder público en la organización y gestión de estas
instituciones. Dicha garantía fue reconocida por la sentencia C-089 de 1994 que examinó
la constitucionalidad de la Ley Estatutaria 130 de 1994, Estatuto Básico de Partidos y
Movimientos Políticos, pero advirtió que la autonomía de los partidos y movimientos
políticos no era absoluta, ya que debía ser ejercida dentro del respeto de la
Constitución y las leyes, las que podían señalar deberes a los partidos, normas
mínimas de estructura y funcionamiento, siempre y cuando fueran razonables y no
afectaran la esencia de su autonomía[107] . Concluyó así dicha sentencia que “La
libertad que la Constitución reconoce a los partidos y movimientos políticos, es
irrestricta dentro de esos límites, que no son propiamente estrechos ni
mezquinos”[108] , al tiempo que reconoció que la manifestación primaria de dicha
autonomía era la facultad de darse sus propios estatutos. Fruto de este razonamiento, la
Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del artículo 41 del proyecto de ley, que
preveía que los partidos políticos debían organizar en su seno, Consejos de Control
Ético, como una forma de garantizar la moralidad de sus miembros, pero sin influencia
externa.
24.
Ahora bien, dicha autonomía relativa de los partidos y movimientos políticos
ha encontrado nuevos límites derivados de reformas constitucionales realizadas en
los años 2003 y 2009. La primera, introducida por el Acto Legislativo 1 de 2003,
denominado “Reforma Política Constitucional”, pretendió fortalecer el sistema de partidos,
por ejemplo, a través del aumento de requisitos para su constitución y permanencia del
reconocimiento de su personería jurídica (umbrales), así como del cambio de atribución
de curules (del cuociente electoral con residuo a la cifra repartidora), con el fin de evitar la
multiplicación de partidos netamente personales; el régimen de bancadas parlamentarias
y la prohibición de la doble militancia.
25.
La segunda, realizada mediante el Acto Legislativo 01 de 2009, pretendió
responsabilizar a los partidos políticos de actos reprochables: “Como se hizo explícito en
el trámite de la reforma política de 2009, la enmienda estaba dirigida a cumplir los
objetivos específicos de (i) impedir el ingreso de candidatos que tuvieren vínculos o
hubieran recibido apoyo electoral de grupos armados ilegales; y (ii) disponer de un
régimen preventivo y sancionatorio, tanto a nivel personal como de los partidos políticos,
…”[109] . … Entre otras medidas, dicha reforma constitucional estableció el carácter
obligatorio de las consultas internas, introdujo los principios ya mencionados que rigen su
funcionamiento; dentro de los cuales se encuentra la moralidad, estableció
responsabilidad del partido por avalar candidatos que resultaren condenados por
narcotráfico, delitos de lesa humanidad o vinculación con grupos al margen de la ley;
aumentó el umbral, introdujo la prohibición de financiación extranjera de campañas
electorales; previó una causal de inhabilidad permanente por haber sido condenado por
delitos relativos a la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales,
delitos de lesa humanidad o narcotráfico y estableció le regla general de votación nominal
y pública en corporaciones públicas; modificó las reglas de suplir vacantes en las
corporaciones públicas, con el sistema de “silla vacía” o de pérdida de la curul cuando la
vacancia resulte de una condena por determinados delitos e introdujo en la Constitución
18
Corte Constitucional, sentencia SU 585 del 21 de septiembre de 2017, M.P Alejandro Linares Can til lo, Ex pediente T 5.475.189.
21
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