SUP-RAP-42/2018
Lo anterior destacando que el conteo rápido institucional, como
procedimiento estadístico, es una herramienta auxiliar para el
Instituto Nacional Electoral, dirigida a estimar las tendencias
de los resultados finales de una elección; cuya ejecución se da
de forma paralela a las labores de escrutinio y cómputo que se
desarrollan en cada casilla, así como al procedimiento
específico
del
Programa
de
Resultados
Electorales
Preliminares.
Asimismo, el conteo rápido tiene como base una muestra
probabilística a partir de un porcentaje del total de las casillas
que se determine instalar el día de la jornada electoral,
seleccionadas a partir de un procedimiento aleatorio en el que
se abarque la mayor dispersión geográfica electoral posible y se
atiendan los criterios técnicos establecidos por el Comité
Técnico Asesor de Conteos Rápidos.
En este sentido, la confiabilidad de la información recabada no
radica exclusivamente en el documento del que se obtiene, sino
que va engarzada con el procedimiento que lleva a definir la
muestra definitiva.
Ahora bien, contrario a lo que sostiene el recurrente, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral sí está facultado para
tomar la determinación controvertida en términos del artículo
220 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales que establece que, en materia de conteo rápido,
dicha autoridad determinará la viabilidad de la realización de
dicho procedimiento estadístico.
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