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con la finalidad de preservar el orden jurídico en abstracto. En este sentido, dado la
especificidad del acto electoral, el juicio de validez solo puede promoverse a través de
este contencioso especial y no por otro medio procesal; por lo mismo, los actos
administrativos producidos en el curso de un procedimiento eleccionario, solo pueden
discutirse a través del contencioso electoral, por tratarse de actos de trámite o
preparatorios. (…). Ahora bien, respecto del acto por medio del cual se revoca o deniega
la inscripción de un candidato, como quiera que es un acto definitivo y de contenido
particular, en tanto impide a un ciudadano en concreto, participar del certamen electoral,
el medio de control diseñado para su enjuiciamiento es el de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, a través del cual, toda persona que
se crea lesionada en un derecho subjetivo, amparado en una norma jurídica, puede
solicitar la nulidad del acto y el consecuente restablecimiento del derecho. (…). De otro
lado, si lo que pretende el actor, a quien se le ha denegado o revocado la inscripción, es
la nulidad de este acto y otro tipo de restablecimientos no asociados al derecho a la
participación política, como el restablecimiento de su buen nombre, o la reparación del
daño, consistente en el pago de una indemnización por los gastos de campaña en que
hubiere incurrido o una medida de satisfacción no pecuniaria, como la realización de un
acto público o la publicación de la sentencia en la página web de la organización
electoral, estima la Sala que es procedente el medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, aún después de las elecciones, dado que estas
reparaciones nada tienen que ver con el desarrollo y finalización del certamen
democrático, de manera que pueden analizarse independientemente de su resultado.
(…). [L]o que se decida en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho no
conlleva la anulación del acto de elección, en la medida que este último no fue objeto de
control. Así entonces, cualquier debate frente al acto por el cual se declaró la elección,
deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes que dispone el artículo 164, numeral
2º, literal a) del CPACA, mediante el contencioso de nulidad electoral.
REVOCATORIA DE LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATO A ELECCIÓN POPULAR – Origen y
fundamento normativo / CONSEJO NACIONAL ELECTORAL – Está facultado para revocar
la inscripción de aquellos aspirantes incursos en causal de inhabilidad
El ordenamiento constitucional colombiano consagra el derecho a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político, como clara expresión de la
democracia participativa (Artículo 40 CP). Este derecho político se traduce a través del
derecho a: i) elegir y ser elegido, ii) tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos,
consultas populares y otras formas de participación democrática, iii) constituir partidos,
movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos
libremente y difundir sus ideas y programas, iv) revocar el mandato de los elegidos en
los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley, v) tener iniciativa en las
corporaciones públicas, vi) interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y
de la ley y, vii) acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. La reforma
constitucional contenida en el Acto Legislativo 01 de 2003, fortaleció el sistema de
partidos al establecer condiciones más exigentes para su creación y el mantenimiento de
su personería jurídica; consagró la prohibición de la doble militancia y el régimen de
bancadas a fin de racionalizar su funcionamiento en el seno de las corporaciones
públicas; modificó el sistema electoral a través del establecimiento del “umbral” y la
“cifra repartidora” en orden a asegurar una mejor representación de las colectividades en
la asignación de curules. De otro lado, esta reforma constitucional le otorgó a los
partidos y movimientos la potestad de inscribir listas y candidatos únicos, “sin requisito
adicional alguno”, como se tenía previsto en el artículo 108 superior, sin la reforma, cuya
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