deberán iniciar a partir del catorce de diciembre del presente año, de manera que, si el acto impugnado se publicó el ocho
de noviembre del presente año, es evidente que existía el tiempo suficiente para que los partidos políticos implementaran
en sus procedimientos internos, los lineamientos impugnados, debiendo garantizar en dichos ajustes, los resultados
exigidos por la autoridad responsable.
Ahora bien, lo accesorio de dichos lineamientos, se ve reflejado en el hecho de que, los partidos políticos son los que
finalmente conservan el derecho a definir qué mujeres dentro de sus militantes o simpatizantes encabezarán las listas de
candidaturas a senadurías por el representación proporcional, qué mujeres y hombres iniciarán las cinco listas de
candidaturas a diputaciones federales por dicho principio en los términos exigidos, así como el derecho a determinar qué
personas encabezaran la primera y segunda fórmula de las candidaturas de mayoría relativa para cada entidad federativa, y
finalmente aquéllas que encabezaran las candidaturas de al menos 12 distritos electorales con población indígena.
De manera que, en todo momento, está salvaguardado el derecho de los partidos políticos de postular como candidatos a
legisladores a sus mejores mujeres y hombres con el fin de obtener el triunfo en la contienda electoral.
Aunado a lo anterior, la autoridad responsable sí justificó de manera correcta la necesidad de implementar dichas medidas
por razón de género e inclusión de las comunidades indígenas, pues explicó y tomó en consideración los hechos y el
contexto en que se ha realizado la postulación de candidaturas, y con la implementación de dicha medida, se especifican
los parámetros objetivos de su aplicación, como se aborda más adelante, en el apartado atinente al estudio de los agravios
de fundamentación y motivación.
En efecto, los lineamientos controvertidos tienen como finalidad establecer condiciones de igualdad entre los hombres y las
mujeres, en las condiciones de acceso a cargos de representación popular y garantizar el acceso de las comunidades
indígenas a tales cargos y su implementación, tendrá como ventaja que se materialicen los principios de igualdad, paridad
de género y pluralismo nacional, al producirse como consecuencia del diseño implementado en la solicitud de registro de
candidaturas un aumento de mujeres y personas indígenas en la integración final del Congreso de la Unión.
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