En este sentido, si el derecho a la igualdad sustantiva o de hecho radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el
goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, ello justifica exigir a los partidos políticos
que diseñen los mecanismos internos para la selección de sus precandidatos y cargos de elección popular, a fin de alcanzar
los objetivos perseguidos, ya que es una realidad que si bien, los partidos políticos han cumplido con la postulación de
candidaturas de manera paritaria a partir de su exigencia constitucional, lo cierto es que ello, no se ha traducido en
candidaturas efectivas para mujeres y comunidades indígenas.
De manera que, si bien, los partidos postulan de manera paritaria a sus candidatos, los cierto es que ello no ha implicado la
elección de más mujeres e indígenas y por tanto su inclusión final en el Congreso de la Unión, tal como lo demuestra el
Instituto Nacional Electoral del análisis histórico que al respecto realiza, y que sirve como motivación del acuerdo
controvertido, por lo que se requiere de las acciones afirmativas implementadas por el Instituto Nacional Electoral con la
finalidad de favorecer la integración paritaria y de comunidades indígenas en los órganos de representación nacional, de
manera que las candidaturas sean efectivas y no solamente el cumplimiento de meras formalidades.
En este sentido, si bien los lineamientos controvertidos establecen una diferenciación entre los candidatos dependiendo de
su género y auto adscripción indígenas, respecto de la determinación del lugar que ocuparán las mujeres en la lista de
fórmulas de candidatos a la Senaduría por el principio de representación proporcional, así como en las atinentes a dos o
tres de las cinco listas a candidatos a diputados federales por el mencionado principio, y las posiciones que deberán ocupar
la primer y segunda fórmula que integra la lista de candidaturas a senadurías por el principio de mayoría relativa que se
presente para cada entidad federativa, las cuales deberán ser encabezadas el 50% por mujeres y el 50% por hombres, así
como las doce candidaturas que deberán encabezar las personas que se autoasdcriban como indígenas, las cuales
también deberán ser paritarias entre las mujeres y hombres que pertenezcan a dichas comunidades.
Lo cierto es que, dichas distinciones con base en tales criterios, están constitucionalmente exigidas, dado que su finalidad
es proteger a personas o a grupos que cuentan con una historia de desventaja, por lo que, dichas medidas pueden
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