clasificarse como de pro-igualdad y difícilmente podrían ser instrumentalizadas sin recurrir al uso de criterios de
identificación de los colectivos tradicionalmente discriminados, cuyas oportunidades el derecho trata de aumentar.
En efecto, la autoridad administrativa pretende incluir a grupos históricamente discriminados en la integración de las
legislaturas y con ello abona a cumplir con el principio de igualdad entre hombres y mujeres en materia política, protegido
en el artículo 1º de la Constitución Federal, en consonancia con las obligaciones derivadas de las normas internacionales
derecho humanos y busca materializar el principio de paridad de género y pluralismo cultural de las candidaturas para
legisladores federales previsto en los artículos 2 y 41 constitucional.
Con mérito en lo anterior, esta Sala Superior juzga que la autoridad administrativa nacional persigue fines
constitucionalmente válidos y exigidos y la justificación para la introducción de dichas medidas en concreto se encuentra en
la discriminación estructural que en materia política electoral ha sufrido las mujeres y las comunidades indígenas, de ahí por
ejemplo, que no exista participación de estos últimos en los cargos de representación popular, o esta sea mínima.
Ahora bien, introducir el principio horizontal en la postulación de candidaturas por el principio de mayoría relativa también
constituye un acierto que indudablemente combate los resultados de la discriminación histórica y estructural que ha
mantenido a las mujeres al margen de las deliberaciones públicas, y que otorga una verdadera efectividad para su
materialización, y posibilita un trato igualitario a los hombres y mujeres que aspiren a dichas candidaturas.
Pues, como se ha analizado a lo largo de esta ejecutoria, lo que pretendió la autoridad administrativa con dicha medida es
garantizar que los partidos políticos postulen a mujeres y hombres con la misma posibilidad de acceder al cargo de
senadores a partir de un criterio objetivo, y con ello, que los partidos políticos cumplan verdaderamente con el mandato de
postulación paritaria que implique una posibilidad real de acceder en condiciones de igualdad al Senado de la República.
Esta idea es congruente con lo determinado tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por este Tribunal
Electoral, en el sentido de que las acciones afirmativas dirigidas a garantizar que las mujeres y comunidades indígenas
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